2.1.5 Definición y coordinación de la política en diferentes sistemas y contextos educativos

En Brasil, el Plan Nacional de Educación (PNE), adoptado en 2010, y el Plan para el Desarrollo de la Educación (PDE) cubren muchos de los aspectos de la política sobre educación y docencia. El PDE se propone específicamente fortalecer un enfoque nacional sistemático para lograr una mayor igualdad de acceso y una educación de calidad en todas las regiones y estados de Brasil. Ambos planes se basan en dos leyes aprobadas con anterioridad que crean mecanismos de financiación nacional para lograr una mayor igualdad de acceso y calidad de la educación en las regiones, estados y municipios más pobres: el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Enseñanza Fundamental y de Valorización del Magisterio (FUNDEF) y el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de Profesionales de la Educación (FUNDEB), complementados con el programa "Bolsa Familia" que proporciona transferencias de dinero en efectivo a las familias a cambio de los niños asistan a la escuela.

El FUNDEF aumentó en gran medida la inversión del Gobierno federal en educación, asignando el 60 % de los fondos para los salarios de los docentes y el 40 % al funcionamiento de las escuelas. Fijar un salario mínimo nacional para los docentes permitió que aquellos que trabajaban en los estados pobres del norte mejoraran sus cualificaciones, de forma que en el año 2002 casi todos los docentes habían adquirido la capacitación mínima requerida. También estimuló la llegada de docentes plenamente cualificados a esas regiones, lo que tuvo como resultado un aumento del personal docente del 20 % entre 1997 y 2002. Los fondos especiales han conllevado un gran aumento de las matriculaciones escolares en las regiones más pobres del norte, un incremento de la asistencia media entre los niños de las familias más pobres del 20% en las familias más pobres y la mejora de las notas de matemáticas para los alumnos. El PNE y el PDE también han supuesto una mayor cooperación en la formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes entre las instituciones de educación abierta y superior y los empleadores de docentes a nivel municipal y estatal. También se han creado nuevas herramientas del sistema educativo para una mayor coordinación en todo el país en áreas clave, como la formación de los docentes, el desarrollo profesional y los recursos educativos.

El plan del sector educativo de Nigeria para el periodo entre 2011 y 2015 está integrado en una «hoja de ruta» publicada en 2009. La educación es una responsabilidad compartida a nivel federal, estatal y local. El Ministerio Federal de Educación es responsable de la política nacional, la recopilación de datos, las normas uniformes, incluida la garantía de la calidad, el desarrollo de los planes de estudios y la armonización de las políticas y los procedimientos estatales.

La contratación, la calidad, el desarrollo, la motivación y la retención de los docentes, junto con una infraestructura y unos recursos educativos inadecuados, se identifican como desafíos en la hoja de ruta, al igual que las estrategias generales, los indicadores y los calendarios que se agrupan en un conjunto de formación y desarrollo de los docentes y que abarcan un abanico de dimensiones de la política docente:

• contratación de docentes (que comprende la paridad de género) y una apropiada dotación de personal para las escuelas;
• incentivos para la distribución de docentes y presencia de escuelas en zonas rurales;
• Implementación de una política nacional de formación docente, marcos para el desarrollo profesional, iniciación y tutoría de docentes;
• armonización de las estructuras salariales a nivel estatal y nacional;
• desarrollo las carreras de los docentes;
• entornos laborales propicios para los docentes, entre ellos, buenas proporciones entre alumnos y docente;
• mejora del liderazgo y la formación de la dirección escolar.

Aunque el plan de educación sectorial tiene una amplia cobertura, la mayoría de estrategias e indicadores son generales y cuentan con plazos de implementación muy cortos. Un informe sobre la implementación publicado en 2012 resaltó los desafíos y las deficiencias, con frecuencia atribuidos a cuestiones de financiación.

En Canadá, la política y los programas docentes pertenecen al ámbito de las juntas escolares locales y de las provincias. Sin embargo, el Consejo de Ministros de Educación de Canadá (CMEC) proporciona un foro en el que los ministros territoriales/provinciales de educación intercambian información, realizan consultas sobre cuestiones de interés mutuo, emprenden iniciativas de cooperación y representan los intereses de sus provincias/territorios ante el gobierno federal y a nivel internacional, en todos los estratos de la educación. Hasta la fecha, el trabajo del CMEC en política docente se ha limitado esencialmente a la armonización de los estándares pancanadienses para la certificación de los docentes y la evaluación de las credenciales de los educadores formados y contratados fuera de Canadá.

En los Estados Unidos, como en Canadá, las dimensiones de la educación y, por tanto, de la política docente son prerrogativa de las autoridades estatales y locales. En los últimos años, el gobierno federal ha intentado influir en las políticas estatales y locales a través de sucesivas iniciativas de reforma para cumplir con los criterios federales (o estándares básicos apoyados por el gobierno federal y elaborados por organismos profesionales nacionales) mediante subvenciones federales en bloque. La ley conocida como «No Child Left behind» (Que ningún niño se quede atrás) y la iniciativa «Race to the Top» (Carrera a la cima) de la administración presidencial de Obama tienen por objetivo mejorar los resultados de los alumnos, centrándose en las poblaciones desfavorecidas mediante el aumento de la eficacia de los docentes y mecanismos de control sistématico de la responsabilidad. Las dimensiones de la política docente, influenciadas directa o indirectamente por los criterios y las subvenciones a nivel local y estatal, incluyen la contratación laboral, el desarrollo, el apoyo y la evaluación profesional; el salario basado en la eficacia y en el rendimiento; los incentivos y las sanciones relacionados con el empleo, la remuneración y las carreras profesionales, hasta el despido de docentes y directores de centros en caso de que no se alcancen los objetivos. Los críticos de la política, entre ellos muchos docentes a los que se exige o presiona para que apliquen metodologías basadas en las pruebas, denuncian la excesiva dependencia de los resultados de las pruebas estandarizadas y los «modelos de valor añadido» emergentes para medir el éxito, en detrimento de otros factores escolares y de aprendizaje.