3.5.6 Violencia escolar

En muchos países, la docencia es una profesión de alto riesgo. En los últimos años, los ataques a centros educativos, docentes y alumnos han sido frecuentes en países como Afganistán, Colombia, Georgia, la India, Iraq, Nepal, Pakistán, Palestina, Tailandia y Zimbabwe. Los ataques a centros educativos y docentes pueden darse por diversos motivos: para impedir que se imparta educación, en especial a las niñas; para intimidar a alumnos, docentes o profesores debido a sus opiniones, actividades políticas, apoyo a los derechos humanos o participación en actividades sindicales; durante operaciones de seguridad o militares o como parte de tácticas militares; para captar niños y adultos para que se unan a fuerzas rebeldes o armadas; o para realizar trabajos forzosos o prestar servicios sexuales. Independiente de los motivos, tales ataques «suponen el uso deliberado de la fuerza de forma que alteran y desalientan la impartición o el acceso a la educación» (UNESCO, 2010c: 27-28). Esta violencia escolar tiene diversas consecuencias para los docentes, entre ellas:

• efectos físicos en los individuos, entre otros, la muerte y lesiones;
• efectos físicos o pérdida de edificios y equipos escolares, así como materiales de enseñanza y aprendizaje;
• efectos psicológicos del asesinato, las lesiones, la tortura y la desaparición de estudiantes, docentes y otro personal, entre ellos, traumas, miedo, inseguridad, desmotivación y desánimo;
• niños que tienen miedo de ir al colegio, padres temerosos de enviarlos y docentes con miedo de ir a trabajar;
• efectos negativos en la contratación y la retención de docentes;
• cierre de centros educativos;
• limitación de la contribución de la educación al desarrollo económico, político y humano;
• ataques a sindicalistas del sector educativo que restan influencia a los docentes y sus representantes en la educación, lo que, a su vez, debilita la calidad de la educación que se imparte (UNESCO, 2010c: 27-28).

Una política adecuada a cada contexto para promover el apoyo y la protección de los docentes es una de las características de una política que "promueva el respeto por los centros educativos y otras instituciones educativas como santuarios y zonas de paz para proteger el derecho a la educación" (UNESCO, 2010c: 36).

Otras formas de violencia en las escuelas, como la violencia de género hacia alumnas y docentes mujeres, así como el castigo físico, son perpetuadas por los propios docentes: la violencia de género perjudica las posibilidades de aprendizaje de las niñas y es un factor que incide en el abandono de la profesión por parte de las educadoras (UNESCO, 2014a: 266, 269). Una política docente debe incluir garantías para que los docentes sean conscientes de sus funciones y responsabilidades profesionales, y establecer sanciones para aquellos que incumplan los códigos de conducta profesional (como se detalla también en el Apartado 2.1.4). La política debe hacer referencia de manera explícita a la violencia contra los alumnos; asimismo, las sanciones deben reflejar los derechos legales y los marcos de protección de los niños y aplicarse de manera eficaz (UNESCO, 2014a: 303). En Kenia, las nuevas normas de la Comisión de Servicios Docentes, elaboradas con el apoyo de los sindicatos de docentes, incluyen cláusulas para que los docentes condenados por crímenes sexuales contra sus alumnos sean eliminados del registro docente (UNESCO, 2014a: 269-70) (véase el Cuadro 3.9).