4.2 Roles y responsabilidades

Delimitar claramente las funciones de los diferentes actores implicados en el proceso es vital para que el proceso de desarrollo de la política sea eficaz (UNESCO y UNICEF, 2013) y garantice que los puntos de vista de las distintas partes interesadas quedan reflejados y se incorporan en el texto final de la política. Así, un paso esencial en todo proceso de creación de una política docente es identificar a las organizaciones e instituciones pertinentes, entre ellas, ME, Ministerios de Finanzas, centros educativos, organizaciones que representan a docentes y alumnos, asociaciones de padres y organismos internacionales (OCDE, 2005). Los diferentes actores desempeñan diversas funciones según la etapa del proceso de creación de una política. Por ejemplo, el proceso de adopción o toma de decisiones suele estar a cargo del parlamento u otros cuerpos legislativos equivalentes, en aquellos contextos en los que las políticas docentes se someten a un proceso legislativo. En la Tabla 4.1 se presentan algunos de los actores principales y se describen sus posibles funciones y las ventajas que supone su participación dentro del ciclo de creación de una política. Como se ha señalado anteriormente, todos los organismos pertinentes deben involucrarse significativamente en todas las etapas del proceso de desarrollo de la política para garantizar que este sea eficaz.

En la tabla anterior se presentan algunos de los principales actores y organismos implicados que deben participar del proceso de formulación de una política. La relación concreta de participantes en cada caso determinado se define a nivel de país, teniendo en consideración el contexto sociopolítico y socioeconómico específico. La participación eficaz de los organismos y actores implicados depende de sus capacidades y de que se involucren significativamente en el proceso. En principio, las partes interesadas deben poder opinar (como se señaló anteriormente) en todos los aspectos del desarrollo de la política, aunque no en la etapa de adopción (a pesar de que las partes interesadas puedan influir en el proceso, por ejemplo, ejerciendo presión sobre representantes parlamentarios), que es principalmente una prerrogativa de los representantes parlamentarios electos. Los docentes, a través de las estructuras que los representan, como los sindicatos, son un actor principal que debe formar parte de todo proceso de desarrollo de una política docente.

La participación requiere la creación de espacios y mecanismos que faciliten un diálogo social entre las autoridades gubernamentales y los actores implicados, en particular en lo referido a los docentes. En una democracia, es posible que las distintas etapas de la creación de una política sean relativamente públicas, abiertas y accesibles para los ciudadanos y la ley puede facilitar la participación de los actores sociales en la elaboración de la política. Badat (2014) señala que dicha participación puede adoptar varias formas, entre ellas, peticiones formales e informales de quienes desarrollan la política en busca de consejo, consultas con organismos legales, como las Comisiones de Servicios Docentes, y presentaciones y defensas de las partes interesadas en audiencias públicas y otros eventos. Como se ha mencionado anteriormente, es importante reconocer que las partes interesadas poseen recursos políticos muy distintos y, a menudo, desiguales, entre otros, conocimientos técnicos y medios financieros para participar en el desarrollo de políticas.

La participación significativa y el establecimiento de relaciones requieren una cultura de transparencia y apertura, por lo tanto, las partes interesadas y los organismos pertinentes que participan en el desarrollo de las políticas deben estar comprometidos con el más alto nivel de comunicación honesta y abierta, y estar dispuestos a escuchar y compartir información.

La información es crucial para la participación, y los gobiernos deben comprometerse a hacer que la información esté ampliamente disponible. Un gobierno abierto junto con el acceso sin restricciones a la información, a lo que se han comprometido muchos países, garantiza que las partes interesadas y los organismos pertinentes que participan en el desarrollo de las políticas docentes puedan tomar decisiones y emprender estrategias informadas.

En el Cuadro 4.6 se enumeran algunas cuestiones que pueden ayudar a definir las funciones de los organismos pertinentes y organizar los procesos de consulta sobre la política.