4.4.3 Participación de los docentes

Los docentes son los principales actores en las políticas docentes; el hecho de que comprendan, acepten y apoyen la política es fundamental para que esta se implemente satisfactoriamente. El concepto se incluye en la Recomendación de 1966, que considera que la participación de los docentes y de organizaciones de docentes en distintas instancias del desarrollo de políticas educativas, así como los empleadores, los trabajadores, los padres y otras partes interesadas, es uno de los principios básicos del desarrollo de políticas educativas (OIT/UNESCO, 1966: artículos 9, 10k). La participación activa de los docentes en el desarrollo y la implementación de la política y el sentido de «apropiación» de los docentes sirven como base para el éxito de cualquier reforma (OIT/UNESCO, 2003; OCDE, 2005; Yelland y Pont, 2014: 35).

Como se mencionó anteriormente, el diálogo social con los docentes puede adoptar diferentes formas en distintas etapas de formulación e implementación de la política.

• El intercambio de información puede incluir una gran cantidad de canales de comunicación entre las autoridades educativas y los docentes, desde reuniones de altos directivos con organizaciones de personal docente para debatir sobre todos los aspectos de una política docente, hasta debates en el trabajo (en el centro educativo y en el aula) sobre la implementación, con instancias de comunicación oral y escrita con distintos grados de formalidad.
• La consulta, en la cual las autoridades escuchan de manera activa y respetuosa las opiniones de los docentes sin ningún compromiso de actuar sobre estas opiniones, puede ser formal o informal, pero al menos debe ser significativa. En otras palabras, el proceso de consulta debe estar verdaderamente abierto a la posibilidad de cambiar las políticas en base a propuestas de autoridades, empleadores, docentes y sindicatos implicados en el proceso de consulta. Los temas de consulta pueden abarcar programas iniciales de desarrollo profesional y formación docente, los currículos, la evaluación docente, los códigos de ética o conducta profesional, la organización escolar y las innovaciones en el aprendizaje como parte de las reformas educativas y la adaptación de la infraestructura escolar para ajustarse a las necesidades de aprendizaje específicas en un determinado país o sistema. Muchos países de la OCDE confían con éxito en formas e instituciones de consulta sobre estos asuntos para desarrollar las reformas educativas y de la política docente (Asia Society, 2014; OIT, 2012: 206-207; OIT/UNESCO, 1966; Yelland y Pont, 2014: 36).
• La participación, que implica otorgar a los docentes una función en el proceso de toma de decisiones a través de un consejo escolar o del sistema educativo, sin que ello signifique necesariamente llegar a un acuerdo negociado; se trata de un compromiso entre las etapas de consulta y negociación. Los consejos docentes de muchos países u otros organismos que establecen estándares profesionales, como los existentes en Estados Unidos y Sudáfrica, son ejemplos de la participación de los docentes en el proceso de desarrollo de políticas en forma participativa (OIT, 2012: 207-208; MacBeath, 2012; 109; véase también el Capítulo 3 sobre estándares).
• La negociación consiste en un diálogo social que suele adoptar la forma de una negociación colectiva sobre los términos y las condiciones de empleo, entre otros, el salario y la evaluación de rendimiento, las horas de trabajo y las condiciones laborales, que tienen implicaciones para otras políticas docentes y de aprendizaje, como la contratación de docentes, la PAD o el tamaño de la clase. Es más probable que la negociación se aplique a la traducción de una política en una acción que a su elaboración (OIT, 2012: 203, 205, 206).

Para que sea efectivo, el diálogo social requiere algunas condiciones (OIT, 2012: 205-206):

• Que existan organizaciones de personal docente fuertes, independientes, representativas y democráticas y, en los casos en que estén organizadas, organizaciones de trabajadores educativos, ya sean públicas o privadas;
• Que exista voluntad política, confianza y compromiso de todas las partes para participar en estos procesos, por parte tanto de las autoridades educativas que desarrollan una política como de las organizaciones de personal docente, que no siempre están acostumbradas a participar de los procesos de desarrollo y aplicación de políticas, o no siempre tienen la capacidad de hacerlo;
• Que se respeten los derechos fundamentales de libertad de asociación y negociación colectiva como la base de un diálogo social institucionalizado;
• Que existan instituciones de diálogo social, dado que hay pocas probabilidades de que las formas de diálogo social informales o ad hoc tengan un impacto duradero. Es vital contar con un marco legal basado en leyes de conducta social, ya sea para organismos de consulta con responsabilidades y estructuras definidas que ofrezcan representación en temas tales como los programas de formación docente, los estándares profesionales y los currículos para conseguir unos mejores resultados en el aprendizaje, o para llevar a cabo negociaciones colectivas sobre los términos y condiciones laborales, como los salarios y las horas de trabajo, bien en el plano nacional, local o escolar.

Diversas formas de diálogo social para involucrar al personal docente en el proceso de creación de una política pueden tener un impacto considerable en los procesos de desarrollo e implementación de una política (véase también el Capítulo 5). Por lo tanto, es importante planificar teniendo en cuenta estas implicaciones en el proceso de desarrollo, por ejemplo, mediante la adopción de una política sobre el salario de los docentes que anticipe el proceso de negociación, que a su vez, puede determinar si la política se implementará y de qué manera. Si bien un verdadero proceso de consulta puede resultar difícil e implicar gran cantidad de tiempo, llevar a cabo un proceso de consulta simbólico y apresurado puede poner en riesgo la implementación satisfactoria de la política.