5.1 Proceso legislativo y aprobación

Como se menciona en el Capítulo 4 (en el apartado sobre la Fase 3 del proceso de la política), el sistema político del país puede requerir o no una legislación para implementar una política docente, pero que tenga estatus de legislación nacional le dará una dimensión nueva, potencialmente decisiva. En una sociedad democrática, una ley nacional es suprema en relación a la constitución del país. La legislación va casi siempre acompañada de medidas que financian y reglamentan la implementación y tales medidas posibilitan en gran medida (aunque no garantizan) que una política se implemente satisfactoriamente. Como se señala en el Cuadro 2.6, un ejemplo de esto es la legislación «No Child Left Behind» (Que ningún niño se quede atrás), adoptada en 2001, y la iniciativa «Race to the Top» (Carrera a la cima) en Estados Unidos, introducida como parte de la legislación de estímulo económico adoptada después de la crisis financiera de 2008. Dada la naturaleza federal de los Estados Unidos, ambos programas incorporaron incentivos financieros sustanciales, que estimularon a los estados y a los distritos escolares para que persiguieran los objetivos de la política, según criterios y planes estrictamente definidos. Muchos estados y distritos escolares locales desarrollaron planes para cumplir con esos criterios políticos y asegurarse las necesarias subvenciones del Gobierno federal, con frecuencia concentrándose en la evaluación de los docentes y en cuestiones laborales, como se señala en la iniciativa «Race to the Top». Informes recientes revelan resultados desiguales en la implementación e indican dificultades tales como la escasez de recursos, la falta de comunicación y de compromiso de las partes interesadas (véase, entre otros, Baker, Oluwole y Green 2013; Boser, 2012; Weiss, 2013). No obstante, los debates políticos acerca de la legislación y los esfuerzos realizados para cumplir con los incentivos para la implementación han contribuido a que estas políticas tuvieran mayor visibilidad y peso de los que hubieran tenido de otro modo.

Al planificar y brindar apoyo técnico y legal al ente legislativo de un país para que se implemente una política docente nacional a través de una o varias leyes, se deben tomar en cuenta los costes, las demoras y los posibles obstáculos que pueden encontrarse. El Cuadro 4.5 describe el proceso y el tiempo que llevó en la India la adopción de la «Right to Free Education Act» (Ley de Derecho a la Educación Gratuita), en 2009. Incluyendo desafíos legales, esta política fue aprobada oficialmente en 2012, tras un proceso que duró diez años. Al mismo tiempo, la adopción de la legislación y su reafirmación en sintonía con la constitución del país es una herramienta potencialmente poderosa para que las autoridades educativas y las partes interesadas promuevan políticas docentes, en un país que tiene cerca del 15 % de los docentes de primaria y secundaria del mundo y que necesita alrededor de tres millones más de docentes para el 2030 (UNESCO, 2014; UIS, 2014).

Si la legislación es la modalidad elegida para la implementación de la política, es fundamental recibir apoyo técnico de los diseñadores de la política en distintas etapas: al redactar la legislación para incluir los conocimientos y comentarios de los expertos en legislación; al responder a consultas parlamentarias (comisiones, comités o respuestas directas a legisladores o sus ayudantes); al establecer relaciones con grupos de interés político y otras partes interesadas importantes; al ejercer presión sobre los legisladores y los medios de comunicación; y al revisar la legislación o las modalidades de implementación tras su adopción.