5.3.1 Planes de acción

Un plan de acción sirve como hoja de ruta para las autoridades sobre la implementación de los objetivos, las estrategias y los programas de una política en base a los recursos programados, las funciones y responsabilidades definidas y el tiempo estimado. Algunos planes de acción se formulan de manera más general, como en el caso del plan para la formación docente en el Reino Unido (Cuadro 5.3).

Existe un consenso de que un plan de acción cuidadosamente formulado aumenta las probabilidades de una implementación con éxito. Al elaborar un plan de acción es necesario considerar los siguientes elementos:

• una ficha de actividades que se ajuste a la política y al objetivo estratégico del programa;
• resultados, objetivos, términos de referencia (hitos) e indicadores de la implementación;
• el calendario para la implementación;
• fuentes de información, tales como el SIGE y el SIAE, o sistemas de información similares;
• costes de la actividad, entre ellos, los costes unitarios y una indicación del porcentaje de los costes en relación con el presupuesto general del plan de acción;
• fuentes de financiación, públicas y privadas a nivel nacional (también regionales y locales) y, donde corresponda, financiación por parte de organismos externos para el desarrollo;
• estructuras, funciones y responsabilidades para la implementación de la política.

El desarrollo de un plan de acción con posibilidades razonables de implementar satisfactoriamente una política docente requiere un diálogo entre varios actores con distintas tareas y funciones, como se menciona en el Capítulo 4 y en el Cuadro 5.1. Debido a que se trata de un proceso puramente político, debe existir un diálogo eficaz en los distintos niveles de la toma de decisiones y con la mayor variedad posible de actores políticos, entre ellos:

• Los distintos departamentos, oficinas o agencias del ME o de la autoridad educativa correspondiente;
• Los ME u otras unidades de gobierno pertinentes, por ejemplo, el ministro de hacienda o presupuestos; la administración pública, la comisión de servicio docente o entidad equivalente responsable de captar y contratar docentes; el ministerio de trabajo, responsable de las normativas laborales y las relaciones laborales; así como cualquier otro organismo gubernamental cuyo mandato abarque temas relacionados con una política y un plan (ministerio de salud para el VIH y el SIDA; ministerios de nivel educativo como EPI, educación primaria/básica o educación secundaria, donde existan por separado de un ministerio de educación);
• El gobierno nacional o central y los niveles regionales o locales, por ejemplo, autoridades educativas o comités regionales (estado/provincia) o locales (distrito/municipio).
• El gobierno y otras partes interesadas, por ejemplo, docentes y sindicatos u organizaciones de docentes (que son especialmente importantes dado su lugar central en el proceso); proveedores de educación privada, especialmente donde el sector privado es una fuente importante de provisión de educación; empleadores y empresas que pueden apoyar la implementación ya que desean que exista una mayor coherencia; instituciones o proveedores autónomos de formación docente; organismos profesionales, como los consejos de docentes; asociaciones de padres y docentes; representantes de la comunidad o localidad; así como organizaciones no gubernamentales. Es esencial que se busquen las formas más adecuadas de diálogo social con los docentes y las organizaciones de docentes para programar la implementación de una política en cuyo desarrollo ya tienen que haber participado, pues son partes interesadas fundamentales (véase la Sección 4.4.3);
• Las autoridades gubernamentales o educativas y socios para el desarrollo, por ejemplo, los organismos multilaterales de financiación y las organizaciones bilaterales de donantes.

Dada su naturaleza política, el diálogo sobre la implementación del plan, al igual que el mismo proceso de desarrollo de la política (Capítulo 4), implica que se debe llegar inevitablemente a compromisos en la priorización de la naturaleza y el desarrollo de las actividades necesarias. Es de esperar que se revisen, pospongan o cancelen actividades de menor prioridad para que el mayor número de actores o partes interesadas se comprometan y se apropien de la política y del plan. Un proceso basado en la negociación y la búsqueda de soluciones de compromiso, en lugar de debilitar el plan, generalmente aumentará las probabilidades de que la implementación tenga éxito, ya que reúne a la mayor cantidad de interlocutores en el proceso.

Una vez que se haya decidido, el plan de acción deberá dotarse de presupuestos en su conjunto y, en la medida de lo posible, ser financiado con los recursos existentes según los parámetros anteriormente mencionados. La financiación de la implementación puede ser distinta de la financiación del desarrollo de la política (Sección 4.3), aunque forme parte de un presupuesto único que integra a ambas desde el inicio del proceso. Cuando sea necesario y posible, los recursos pueden buscarse en los grupos de interés nacionales y/o en los socios internacionales, de manera general o para un proyecto específico, como es el caso de la financiación para la educación general. Esto resalta la importancia de que exista un amplio apoyo de las partes interesadas en relación a la política y al plan para que aumenten los recursos que se emplean en su implementación: con frecuencia son tan necesarios los recursos financieros como los humanos. Si la financiación es insuficiente, podría ser necesario repensar los objetivos y las ambiciones del plan o incluir medios alternativos para superar sus limitaciones. La financiación de la implementación a través del plan debe ser considerada siempre a largo plazo, no solo a el corto plazo o asociada a un primer plan; además, debe programarse en el tiempo para que coincida con los cierres de los ciclos presupuestarios del gobierno y de las autoridades educativas (ADEA, 2009: 3; GPE, 2014: 350; IIPE y GPE, 2012: 15-16; OIT, 2014: 4, 33; Yelland y Pont, 2014: 31-32).