1.8 Tres puntos de vista sobre el cambio

La familia de Jamuna Tudu, originaria de la zona rural de Odisha (India), plantaba árboles jóvenes en sus tierras porque allí no había bosques. Jamuna se casó en 1998 y se trasladó a otra localidad, a 100 kilómetros de distancia, en la que había un bosque frondoso que veía desde su nuevo hogar. Sin embargo, cuando fue a conocer la zona, quedó impresionada por lo devastado que estaba ese bosque. La tala ilegal que practicaba la mafia local lo estaba dejando sin árboles. A Jamuna le resultó intolerable que se cortaran esos árboles y decidió hacer algo al respecto.

Jamuna intentó reunir a las mujeres de la localidad para proteger los bosques, pero muchas de ellas temían a la mafia, y sus propios familiares también eran reacios a la idea. Esta mujer logró persuadir a cinco mujeres que sentían el mismo interés por la conservación forestal para que se unieran a ella, y formaron el comité Van Suraksha Samiti. Esta agrupación estableció patrullas de la zona forestal y trataba de ahuyentar a quienes querían talar árboles. También confiscaba las sierras y las ocultaba en la localidad, lo que dio lugar a ataques. Se hizo evidente que la policía y la mafia colaboraban entre sí. A pesar del peligro, más mujeres tuvieron el valor de dar un paso al frente y se unieron a Jamuna y sus compañeras para defender el bosque. Crearon nuevas tradiciones, como plantar árboles jóvenes cuando se producía un nacimiento o se celebraba un matrimonio.

Jamuna se dio cuenta de que era necesario ir más allá de la localidad donde vivía y contribuir a proteger los bosques de las poblaciones cercanas, a las que convenció para que actuaran también contra la tala ilegal. Actualmente, unas 10 000 mujeres de 300 localidades colaboran para poner fin a la tala de los bosques. Como dice Jamuna: “Mientras estemos vivas, nos dedicaremos a proteger los bosques y a plantar nuevos árboles”. Su determinación y valor han sido reconocidos con numerosos premios de prestigio.

Frustrada por la reticencia de la población a reconocer la crisis climática y actuar al respecto, así como por la falta de liderazgo y cambios por parte de los responsables políticos, en agosto de 2018, Greta Thunberg —que entonces tenía 15 años— comenzó a sentarse con una pancarta frente al Parlamento sueco todos los viernes. Más tarde, cuando faltaban tres semanas para las elecciones en Suecia, comenzó a sentarse en ese lugar todos los días lectivos, pidiendo que se adoptaran medidas urgentes. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, que comenzó a difundirse. Más personas jóvenes de su ciudad se unieron a sus huelgas escolares, y otras organizaron acciones frente a parlamentos y alcaldías locales de todo el mundo.

Vanessa Nakate tenía 22 años en ese momento y le preocupaban las consecuencias que la crisis climática tenía para la agricultura y los medios de vida de Uganda, donde vivía. Preocupada por la falta de conciencia ciudadana sobre las causas y efectos de la crisis, y por la ausencia de este tema en el currículo escolar, en enero de 2019 organizó la primera huelga de jóvenes de la historia de Uganda, en la que al principio solo participaban sus hermanos porque muchos de sus compañeros de estudios tenían demasiado miedo de que los detuvieran. Vanessa continuó realizando la protesta cada semana, a menudo sola, de pie, frente al Parlamento de Uganda.

Su mensaje, al principio ignorado o rechazado, creció en las redes sociales cuando publicó fotografías de sus huelgas en Twitter (posteriormente X). A finales de 2019, fue invitada a unirse a otros activistas juveniles en la COP25 celebrada en Madrid (España), y aprovechó su presencia para señalar la ausencia de voces y experiencias africanas en la cobertura internacional de la crisis climática. Ahora, Vanessa es una de las voces más importantes en el movimiento de huelgas juveniles y ha fundado el movimiento Rise Up Movement para incrementar el peso de las perspectivas africanas sobre el cambio climático. El término MAPA (acrónimo en inglés de "Personas y Zonas más Afectadas") se utiliza cada vez más para ayudar a centrar el activismo climático en las necesidades de las comunidades que menos han contribuido a la crisis climática y más la sufren.

#FridaysforFuture forma parte del esperanzador movimiento mundial que ha fomentado el consenso en favor de la acción climática entre muchas personas jóvenes. En noviembre de 2019, cuatro millones de personas participaron en las huelgas escolares que tuvieron lugar en todo el mundo.

En los últimos años, el Gobierno francés —entre otros— viene siendo muy elocuente en el plano intencional con respecto a la crisis climática, y ha adquirido diversos compromisos en las cumbres como, por ejemplo, el Acuerdo de París (2015) para reducir las emisiones de carbono. El Gobierno francés, como la mayoría de Gobiernos de los países ricos e industrializados que más contaminan, no se ha tomado en serio esos compromisos.

En diciembre de 2018, cuatro ONG francesas (Notre Affaire à Tous, Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace Francia y Oxfam Francia) emprendieron acciones legales contra el Estado francés por el incumplimiento de sus obligaciones en materia climática, por la falta de ambición que mostraba en este ámbito y por poner en peligro los derechos fundamentales de la ciudadanía francesa. En tan solo unas semanas, más de 2,3 millones de personas firmaron la petición en apoyo de esta acción, la más importante registrada en la historia de Francia sobre cualquier tema. La labor de personas influyentes en las redes sociales resultó fundamental, y un vídeo que acompañó el lanzamiento de la iniciativa recibió 14 millones de visitas en Facebook y un millón en YouTube.

El 3 de febrero de 2021, un tribunal francés resolvió que la inacción del Estado francés frente al cambio era ilegal y que este Estado era culpable de no adoptar medidas suficientes con arreglo a sus compromisos jurídicos. El tribunal también reconoció el daño que la inacción climática de Francia había causado al medio ambiente. Todo ello sienta un importante precedente jurídico y deja al Gobierno francés expuesto a las reclamaciones de indemnización de la ciudadanía francesa que haya sufrido daños relacionados con el cambio climático, como víctimas de inundaciones, o agricultores y bodegueros. El 31 diciembre de 2022 expiró el plazo fijado por el tribunal para que el Estado francés tomara medidas a fin de limitar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las partes demandantes están presionando para que se imponga una sanción pecuniaria a partir de 2023 y el Estado se vea obligado a actuar.

Esta causa forma parte de un creciente movimiento mundial para emprender acciones legales y obligar a los Gobiernos, y a otros actores, a actuar ante el cambio climático. La iniciativa francesa se inspiró en una causa similar interpuesta en Países Bajos, en la que se había ordenado al Gobierno que aumentara su objetivo de reducción de las emisiones. En Colombia, 25 jóvenes lograron que la Corte Suprema de Justicia reconociera la necesidad de actuar contra la deforestación, y en favor de la protección climática. En Pakistán, un agricultor consiguió que se reconociera su derecho a la vida y al acceso a alimentos ante el cambio climático.