3.6 Presentación del análisis del poder
El análisis del poder es una herramienta que permite lograr una mejor comprensión de dónde radica el poder en los procesos de cambio social. Así, este análisis ayuda a identificar con quién debemos trabajar para lograr el cambio y favorece que se planteen preguntas que garanticen que las acciones se preparan con la participación de los actores a los que pretendemos apoyar y esperamos que el cambio beneficie.
Los resultados del cambio son impredecibles y pueden perjudicar a las propias personas a las que intentamos ayudar o a otras a las que no habíamos tomado en cuenta. Garantizar que se consulta a las personas y que éstas participan en cualquier proceso de cambio que les afecta reduce en cierta medida esa impredecibilidad y mejora los resultados.
Existen muchas maneras de interpretar el poder.
Hay dos marcos de análisis que muchas organizaciones consideran útiles: el enfoque de las cuatro expresiones de poder y el de las formas de poder. Este tipo de marcos de análisis pueden ayudarnos a comprender diferentes aspectos del poder y, basándonos en ello, determinar estrategias que nos ayuden a influir en el cambio o contribuir a él. Ningún marco de análisis es adecuado siempre, y, de hecho, es posible que tengas el tuyo propio. Se trata de probar distintas herramientas y considerar qué modo de reflexionar sobre el poder es útil para comprender mejor una situación determinada.
Analicemos el caso práctico del pueblo chiquitano de Bolivia para comprender cómo estos dos marcos —las cuatro expresiones de poder y las formas de poder— nos ayudan a analizar la manera en que se produce el cambio.
El pueblo chiquitano de Bolivia
El 3 de julio de 2007, después de doce años de lucha incesante y a menudo frustrante, el pueblo chiquitano de Bolivia —unas 9000 personas— obtuvo el título de propiedad del aproximadamente millón de hectáreas del territorio indígena de Monte Verde, situado en la zona oriental del departamento de Santa Cruz.
Evo Morales, el primer presidente indígena del país, asistió a la ceremonia acompañado de varios ministros. También asistieron al evento tres alcaldes electos, diez concejales (seis mujeres y cuatro hombres), un senador, un diputado y dos miembros de la Asamblea Constituyente: todas estas personas eran chiquitanas.
Un acto así habría sido inconcebible para la generación anterior, tanto por la presencia de la comunidad indígena como por la representación femenina a nivel local. Hasta la década de 1980, la población chiquitana vivía en condiciones semifeudales, obligada a trabajar sin remuneración para las autoridades locales, las personas terratenientes y la Iglesia, y sin poder acceder a la propiedad de la tierra.
Ahora, más de 15 años después de este logro histórico de acceso a la tierra, la dirigencia chiquitana ha señalado que su lucha está lejos de terminar. Siguen careciendo de acceso a atención médica, educación e infraestructuras básicas tales como la telefonía móvil. Si bien han reconocido algunos cambios positivos, como el hecho de que algunas personas jóvenes de sus comunidades hayan accedido a la educación universitaria por primera vez en la historia, esto plantea un nuevo reto relacionado con el riesgo de que esas mismas personas abandonen las comunidades chiquitanas definitivamente.
La deforestación llevada a cabo por las explotaciones madereras y las compañías mineras constituye otra amenaza. Las autoridades no actúan al respecto porque el funcionariado recibe sobornos de las empresas. También se denuncia que estas sobornan a ciertas comunidades y miembros de la dirigencias comunitarias, lo que propicia la división social. A menudo se observa que las empresas mineras y madereras colaboran con personas foráneas, procedentes del Altiplano, más cercanas al centro de poder, donde se toman decisiones sobre el rumbo económico que Bolivia debe seguir. El Gobierno, que, pese a algunos momentos de crisis que han tenido lugar en los últimos años, sigue dirigido por el partido de Evo Morales, parece necesitar de los ingresos generados por los recursos naturales para financiar los servicios básicos.
3.5 Definición de “poder”
